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Actualidad

PROHIBIR LA IMPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS ES NECESARIO

 

José Acosta
CESTA Amigos de la Tierra El Salvador

 

El pasado mes de marzo la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS y la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, solicitaron  a la Asamblea Legislativa una reforma al Art.14 de la Ley de Sanidad Animal y Vegetal con el propósito de prohibir la importación de plaguicidas que se utilizan para combatir las plagas en la agricultura, las razones de tal petición son: El efecto perjudicial a la salud humana y la contaminación al medio ambiente.


La propuesta en mención es  ingeniosas y además, extremadamente necesaria en un país como El Salvador, en donde se encuentran disponibles productos altamente tóxicos que se comercializan bajo marcas como Tamarón, Gramoxone y Lannate, cuyo uso es prohibido en los Estados Unidos y otros países.


La aplicación de estos productos provoca daños irreversibles a los ecosistemas y además representa un grave peligro a la salud humana, al respecto uno de los casos de estudio que llama la atención es la alta incidencia  de enfermedades renales en la región del Bajo Lempa, esta problemática se puso en mayor evidencia por los resultados que arrojó un estudio realizado por médicos cubanos del Instituto de Nefrología de La Habana, entre otros datos la investigación reveló que 11 de cada 100 habitantes de la zona padecen de enfermedades renales y que en la comunidad Ciudad Romero 30 personas han fallecido por enfermedades renales en tan solo tres años. Por su parte el Ministerio de Salud reporta que la incidencia de enferemedades renales es de 11.5% en 1000 pacientes analizados, una cifra alta si se compara con la incidencia de 2% que hay en otros países. En décadas anteriores esta zona del país fue utilizada para el cultivo de algodón y por tanto  expuesta a la aplicación cantidades exorbitantes de plaguicidas.

Por otra parte el uso indiscriminado de insumos químicos profundiza la brecha entre ricos y pobres, ya que estos insumos son producidos por empresas transnacionales y comercializados a altos precios por grandes intermediarios nacionales, mientras que los miles de campesinos y campesinas se ven obligados a comprometer, de forma anticipada, la mayor parte de su producción para obtenerlos, provocándose de esta forma una injusta distribución de los ingresos que genera la actividad agrícola.

La iniciativa presentada por los agricultores y agricultoras organizados en CONFRAS ha generado interés del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo titular ha expresado que efectivamente el uso de plaguicidas en la agricultura provoca impactos negativos en los ecosistemas. Ante dichas declaraciones y frente al “peligro” que la Asamblea Legislativa haga efectiva las reformas necesarias para prohibir la importación de este tipo de insumos, la Asociación de Proveedores Agrícolas de El Salvador (léase DUWEST, MONSANTO, SYNGENTA, BAYER, entre otros) y CAMAGRO han manifestado un pliego de advertencias de todo tipo: que los alimentos serán más caros, que  habrá contrabando, que los campesinos perderán millones de dólares, que son propuestas inconsultas, que no hay sustento técnico,  que se está usando el tema con tintes políticos, etc.

Pero lo único cierto es que de concretarse esta iniciativa, solo habrá dos impactos: la salud de las personas y la salud de los ecosistemas será mejor; el otro es que las trasnacionales del agronegocio verán reducidas sus ganancias. Indudablemente ambos impactos son positivos.