GRUPOS ECOLOGISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR EXIGEN APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY CREADA PARA DICHO SECTOR
Estadísticas globales señalan que más de 500 millones de personas, que equivale al 10% de la población del planeta, enfrentan algún tipo de discapacidad (ONU, 1993), es decir, que por lo menos una de cada 10 personas de cualquier país del mundo padece de una deficiencia física, mental o sensorial.
En el caso de El Salvador la cifra oficial que manejan las organizaciones sociales que trabajan en este tema, existen aproximadamente 780,000 personas que padece algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 13% de la población. El conflicto armado que vivió el país en la década de los ochenta, la violencia social, el deterioro ambiental, entre otros, incremento en el número de personas con deficiencias y discapacidades.
Estas cifras reflejan la dimensión y magnitud del problema, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, lo que pone de manifiesto el impacto que el tema de discapacidad tiene para una sociedad. En la realidad salvadoreña esta cuantificación no es suficiente para evaluar la gravedad del fenómeno, pues habría que considerar otros factores, por ejemplo el hecho de que la inmensa mayoría de estas personas discapacitadas viven en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, y que además se enfrentan a barreras físicas y sociales que impiden su integración y plena participación en la vida de la comunidad a la cual pertenecen.
Por esta razón CESTA Amigos de la Tierra, comprende que no es posible lograr la sustentabilidad de El Salvador si no existe armonía entre los diferentes sectores sociales, no puede haber sustentabilidad si los hombres y mujeres discapacitadas no gozan del reconocimiento y pleno disfrute de sus derechos humanos.
Por tanto en el marco del día internacional de la persona con discapacidad (3 de diciembre) grupos ecologistas pertenecientes a dicho sector exigieron al Estado una aplicación efectiva de la Política Nacional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2000.
El enfoque de esta Ley defiende la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, sin embargo, el cumplimiento de esta continúa limitado, por lo que solicitaron que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) realice:
La exigencia de los derechos de las personas con discapacidad no puede ser una lucha exclusiva de un sector, por el contrario debe buscarse que sea comprendida y apoyada por todos los sectores sociales posibles, pero esencialmente corresponde ser impulsada y liderada por quienes están afrontando el problema, es decir, las personas discapacitadas.