El CESTA pide acciones para proteger recurso del agua

Graciela Castellón
Redacciones Diario Co Latino

En el marco del Día Internacional del Agua, a celebrarse el próximo 22 de marzo, Ricardo Navarro, presidente del Centro del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA) hizo un llamado a aprobar una ley que sirva para reordenar a las empresas gubernamentales que no realizan acciones para proteger el recurso y lo sub utilizan.

“El agua es la base de la vida. Hay un montón de zonas que están siendo deforestadas, lo que durante el invierno traerá problemas de enfermedades, inundaciones, además de problemas sociales y políticos. Muchas empresas gubernamentales no miden consecuencias”, afirmó Navarro

Asimismo, el representante del CESTA aseguró que la escasez del recurso es cada vez “más preocupante” y expresó la necesidad de “hacer esfuerzos” por cuidar el agua. “Cada vez hay más ciudades y municipios que sufren escasez de agua. Ciudades como Santa Tecla están al borde de no alcanzar el abastecimiento”, dijo.

Para Navarro, la aprobación de una ley que controle a las instituciones gubernamentales que realizan acciones “en contra” de la durabilidad del recurso, es necesaria para establecer medidas y mecanismos reguladores en beneficio del ambiente, el recurso y los ciudadanos.

Denuncian presiones de la CEL

Mauricio Vanegas, miembro del Movimiento Nacional Antirre-presas y el párroco del Municipio de San Antonio del Mosco, en el departamento de San Miguel, Antonio Hernández, denunciaron “presiones” de parte de autoridades de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ante la negativa de los habitantes de cinco municipios de San Miguel a que construyan una Presa Hidroeléctrica.

Según los habitantes, les estaría afectando directamente, pues, los obligaría a desalojar sus viviendas.

Según Vanegas, el proyecto denominado “El Chaparral”, donde se contempla la construcción de una presa hidroeléctrica en el oriente del país, “no fue discutido” con todas las partes involucradas y afectadas, tal como lo establece la ley de medio ambiente.

«El proyecto no fue consultado, solo llegan a desalojar y a amenazar a la gente que se opone a la construcción de la presa, por proteger sus tierras…”, dijo.
Asimismo, denunció la “militarización” del lugar, y que se han hecho cateos a las casas acusando a la gente de tener armas, lo cual no es cierto…», aseguró Vanegas.

El Padre Antonio Hernández, párroco de San Antonio, expresó que ha habido un «mal procedimiento» y falta de información de parte de las autoridades de CEL acerca del proyecto y del impacto que generaría en la ciudadanía directamente afectada.

«A la CEL no le interesa negociar, solo quieren reparar daños… le han dicho a la gente que sus tierras se van a perder con la construcción de la presa y los embalses y no ofrecen alternativas para definir la situación en la que quedarán cientos de familias», afirmó el sacerdote.

El representante del Movimiento Antirrepresas denunció, además, que la empresa que hizo el estudio ambiental, es la misma que intervendrá en la construcción de la presa hidroeléctrica. «Queremos que haya una intervención de parte de instancias como los derechos humanos y otras para que se pida una explicación coherente y transparente y que se detengan los atropellos en contra de la gente», solicitó.

Por su parte, el presidente del CESTA explicó que el problema no se reduce únicamente a los desalojos y a las amenazas, sino también a los problemas como inundaciones y el cierre de caminos que impiden que la población de estos lugares se movilice.

La presa empezará a construirse una vez pase el proceso de licitación y se defina la situación de los habitantes de los municipios involucrados en el desarrollo del proyecto, es decir, San Antonio, Carolina, San Luis de la Reina, San Gerardo y Nuevo Edén de San Juan.